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En Colombia, más de 3 millones de familias se enfrentan a la pobreza energética, realidad que no dista mucho del panorama mundial. El uso de energías como el gas licuado (GLP) ofrece la oportunidad de erradicar esta situación y alcanzar un futuro sostenible, justo e inclusivo.
Si bien la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía más limpias tiene un impacto medioambiental evidente, es un proceso que trasciende la mitigación del cambio climático. Se trata de una estrategia clave para alcanzar el ideal de desarrollo sostenible que implica, además del componente ecológico, el económico y el social.
Tan solo basta con detallar algunas estadísticas para comprender la relevancia en esas 3 dimensiones: más de 2,8 millones de familias colombianas todavía cocinan con leña y combustibles fósiles como el carbón. Un poco más de 400 mil viviendas en Colombia no cuentan con servicio eléctrico. Esta carencia de algo tan imprescindible como el suministro de energía es un factor que limita las oportunidades de desarrollo de esa población y aumenta su vulnerabilidad.
Estas cifras nacionales, no muy distintas de las globales, amplían la visión de la transición energética hacia una perspectiva humanitaria y un futuro de justicia y equidad. En torno a este tema estuvimos conversando con Iván Osorio, Ingeniero Ambiental y Especialista en en Derecho del Medio Ambiente, quien nos explica cómo la neutralidad en carbono ha dejado de ser una mera necesidad técnica y se considera clave para una sociedad más inclusiva y próspera.
Energía asequible y segura para menos desigualdades
Durante nuestra conversación, Osorio explicó cómo la descarbonización es una de las vías para erradicar la pobreza energética y reducir las desigualdades. “Colombia tiene una gran proporción rural y urbana, que aún no tiene acceso a servicios energéticos modernos, adecuados y asequibles para cubrir sus necesidades básicas, como cocinar alimentos o calentar su hogar. El uso de fuentes de energía más limpias, como el gas licuado, reduce esa dependencia de combustibles altamente contaminantes que afectan no solo al medioambiente, sino las oportunidades de desarrollo y la salud de sus usuarios”, señala Osorio.
La posibilidad de que llegue a las comunidades más remotas y áreas rurales es una de las ventajas del gas licuado GLP, uno de los combustibles de transición más prometedores, que permite que la población más vulnerable y de bajos ingresos tenga disponibilidad de un energético más seguro, confiable y eficiente.
Sin embargo, como bien destaca Osorio, la sustitución energética no puede hacerse de manera aislada, sin considerar los parámetros de desarrollo sostenible y los derechos humanos. El impulso a la innovación tecnológica, los incentivos para la adopción de energías verdes, la promoción conjunta desde los entes públicos y privados y la definición de nuevas regulaciones en el área son factores que deben ser parte del proceso.
“Ampliar el uso del gas licuado GLP va de la mano con los esfuerzos del sector público para la asistencia financiera, para definir nuevas políticas y para establecer la infraestructura necesaria que favorezca su disponibilidad. También la educación alrededor del uso seguro y eficiente que hay con este tipo de energéticos puede reducir brechas de desinformación, sensibilizar a la población sobre su importancia y estimular su adopción”, comenta Osorio.
Entre los esfuerzos privados se destaca la labor de Unigas que ofrece acompañamiento a distintas empresas para que puedan incorporar soluciones energéticas más eficientes y menos contaminantes, con fuentes más limpias y versátiles como el gas licuado GLP.
El efecto expansivo de las energías verdes
La transición energética es el compromiso de casi 200 países y una estrategia imperativa para combatir el cambio climático, ya que permite reducir la emisiones de gases efecto invernadero (GEI), contrarrestar el aumento de las temperaturas para que no superen los 1,5 grados centígrados y disminuir la contaminación del aire, entre otros tantos beneficios.
Ese impacto que parece netamente ambiental tiene un efecto expansivo, alcanzando incluso la esfera de los derechos humanos. De hecho, diversas instancias internacionales destacan la vinculación entre la protección del medioambiente y el derecho a la vida de las generaciones presentes y futuras.
“La transición verde garantiza mejoras en la calidad de vida de la población, ya que reduce el riesgo de eventos climáticos como sequías y tormentas que puedan afectar a comunidades y ecosistemas vulnerables. Además, reduce las emisiones de material particulado y gases nocivos como óxidos de azufre y de nitrógeno, que pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares“, indica Iván Osorio.
Durante la entrevista, también se hizo referencia a los cobeneficios económicos y el desarrollo sustentable que conlleva la descarbonización. “El suministro y distribución de combustibles más limpios implican la creación de empleos en la cadena de valor, el desarrollo de empresas de proveeduría, la reducción de costos por la eficiencia de estos energéticos, el fomento de centros de investigación y tecnología, la promoción del desarrollo local y la disponibilidad de energía a precios competitivos”.
Además, la reducción del gasto social, la reconversión laboral enfocada en modelos productivos sostenibles y la evolución hacia una economía circular serán otras formas en que la transición energética impulsará la productividad, competitividad y el desarrollo inclusivo.
Conclusiones
Si bien la descarbonización inició como una estrategia para frenar el cambio climático, implica asimismo una transformación global en muchas de nuestras dinámicas actuales. Esto abarca aspectos de movilidad social como la educación, la salud y la pobreza, así como factores clave para el desarrollo económico y sostenible.
El impacto de la transición energética no debe subestimarse y es importante considerar que conlleva, al mismo tiempo, un riesgo y una oportunidad: el riesgo de agravar las desigualdades y la oportunidad de reducir esas brechas. De allí la importancia de dejar de verla como un proceso funcional y práctico e incorporar la perspectiva humanitaria, que marque el cambio hacia un futuro próspero, sostenible y equitativo.
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